La justicia administrativa es una figura indispensable dentro del sistema jurídico mexicano, porque se deben someter a ella, todas las controversias de hecho y derecho surgido en torno a las actuaciones públicas sujetas al Derecho Administrativo.
Citando la opinión de Héctor Fix-Zamudio, la justicia administrativa comprende todos aquellos mecanismos protectores de la legalidad administrativa y de los derechos subjetivos de los gobernados: las leyes de procedimiento administrativo; los recursos administrativos internos; el Ombudsman (representante del ciudadano); las comisiones de vigilancia de la informática, así como cualquier otro tipo de control sobre la actividad de las autoridades administrativas.
La justicia administrativa se desarrolla en dos vertientes: la sede administrativa y la sede jurisdiccional. La primera se imparte a través de órganos administrativos, como el ombudsman, o como la propia administración pública mediante el recurso administrativo; la justicia administrativa en sede jurisdiccional se tramita en un tribunal administrativo o en un tribunal del Poder Judicial especializado en materia administrativa.
Justicia Administrativa
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